Rafael Oviedo Herrera, director de Class 98.7 FM, emisora perteneciente al circuito Unión Radio, denunció que el gobernador de Cojedes, Teodoro Bolívar, amenazó con expropiar la planta transmisora de la emisora.
“El gobernador del estado amenazó públicamente, a través de una cadena regional, con la expropiación de los terrenos donde funciona la planta transmisora. Nos llegaron dos cajas con documentos que contenían los currículos y las ayudas médicas que le mandaban a la secretaría regional de Gobierno y ellos botaron esas cajas. Procesamos esa denuncia y eso ha acarreado esta medida”, explicó.
Herrera considera que la medida es una retaliación política por la línea editorial que mantiene ese medio de comunicación que ha hecho públicas varias denuncias contra el gobernador del estado sobre casos de corrupción y el aumento de los índices de inseguridad. “En los pùltimos días han ocurrido 12 muertos y van 62 muertos en seis meses. Los documentos botados afectan a màs de 600 familias”, destacó.
Enfatizó en que el gobernador Bolívar no tiene la atribución para cerrar emisoras ni expropiar equipos, pues es potestad de Conatel abrir los procedimientos respectivos. También denunció acoso por parte de ciertos vecinos de la zona, afines a la ideología estatal.
“Estamos en un estado de conmoción, de alerta y queremos que se sepa la situación. Estamos siendo gobernados en Cojedes por una persona que no respeta la libertad de expresión. Hemos hecho llamadas a la Guardia Nacional, a la policía del estado y en ningún momento se han presentado. Ya las denuncias se hicieron ante el Ministerio Público. El gobernador y sus secuaces no nos van a intimidar para que sigamos denunciando”, ratificó.
El director de Class FM añadió que el gobernador nombró a una comisión que se encargará de la posible expropiación de los terrenos. “Cambiar de actitud sería silenciar al estado Cojedes. Estamos siendo chantajeados, presionados, coaccionados, para que entreguemos una línea editorial que se debe a la comunidad”, concluyó.
“El gobernador del estado amenazó públicamente, a través de una cadena regional, con la expropiación de los terrenos donde funciona la planta transmisora. Nos llegaron dos cajas con documentos que contenían los currículos y las ayudas médicas que le mandaban a la secretaría regional de Gobierno y ellos botaron esas cajas. Procesamos esa denuncia y eso ha acarreado esta medida”, explicó.
Herrera considera que la medida es una retaliación política por la línea editorial que mantiene ese medio de comunicación que ha hecho públicas varias denuncias contra el gobernador del estado sobre casos de corrupción y el aumento de los índices de inseguridad. “En los pùltimos días han ocurrido 12 muertos y van 62 muertos en seis meses. Los documentos botados afectan a màs de 600 familias”, destacó.
Enfatizó en que el gobernador Bolívar no tiene la atribución para cerrar emisoras ni expropiar equipos, pues es potestad de Conatel abrir los procedimientos respectivos. También denunció acoso por parte de ciertos vecinos de la zona, afines a la ideología estatal.
“Estamos en un estado de conmoción, de alerta y queremos que se sepa la situación. Estamos siendo gobernados en Cojedes por una persona que no respeta la libertad de expresión. Hemos hecho llamadas a la Guardia Nacional, a la policía del estado y en ningún momento se han presentado. Ya las denuncias se hicieron ante el Ministerio Público. El gobernador y sus secuaces no nos van a intimidar para que sigamos denunciando”, ratificó.
El director de Class FM añadió que el gobernador nombró a una comisión que se encargará de la posible expropiación de los terrenos. “Cambiar de actitud sería silenciar al estado Cojedes. Estamos siendo chantajeados, presionados, coaccionados, para que entreguemos una línea editorial que se debe a la comunidad”, concluyó.
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